REFORMA A LA LEY 30

La propuesta del Gobierno para reformar la ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992) causó malestar y deja inquietudes en la comunidad universitaria. Y aunque todos coinciden en que es hora de reformar la norma, existen posiciones del Gobierno y el sector universitario que chocan y motivan, con y sin fundamentos, lamentables y costosos disturbios como los vistos esta semana en varias instituciones públicas.

Han pasado 18 años desde que se expidió la Ley 30 de 1992 y el sector ha cambiado sustancialmente. Para ese entonces, no existía el Viceministerio de Educación Superior, el ICFES no era un instituto dedicado a la evaluación de la educación y el ICETEX no era un banco de segundo piso, por mencionar algunos cambios.

Aunque la reforma se venía preparando desde la administración pasada, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y los rectores de las universidades, la que presentó hace algunas semanas el presidente Juan Manuel Santos es más amplia y con propuestas polémicas.

Semana.com seleccionó cuatro de los temas más polémicos de esta iniciativa de 144 artículos.

1. La empresa privada podrá invertir en las universidades públicas

Para el presidente Juan Manuel Santos, si la educación pública quiere ser competitiva y de buena calidad no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. “Esta propuesta no significa de ninguna manera privatizar la educación pública, ni va a implicar mayores costos para los estudiantes”.

El Gobierno advirtió que los recursos son limitados, por eso, aliarse con la empresa privada es una alternativa.“Hoy un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos que no solo contrate, sino que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere innovación con las universidades (...) que pongan la plata, vendan servicios, desarrollen conocimiento y ojalá ganen bastante”, explicó la ministra de Educación, María Fernanda Campo.

Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, no ve clara la propuesta. “El ingreso del dinero del sector privado para investigación no es una novedad. Las universidades trabajamos con la empresa desde hace 40 o 50 años. Hay comités universidad-empresa-Estado en todas las regiones del país”, dice.

Según los rectores una empresa invierte si puede obtener rendimientos o beneficios. La pregunta para las universidades es: ¿qué tanto ese interés privado puede chocar con la misión y con la verdadera función de las universidades?

2. Más plata para la universidad pública

El Gobierno propone aumentar recursos para las universidades públicas en un 1 por ciento adicional al IPC en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entre el 2014 y el 2019. Sin embargo, para las universidades, no es suficiente para sobrevivir con el número de alumnos que tienen y tendrán en el futuro.

La molestia de las universidades públicas está en que el proyecto de ley no incluyó el reconocimiento y el reembolso del dinero que invirtieron en los últimos 13 años para aumentar la cobertura y mejorar la calidad.

En ese tiempo “nuestro presupuesto se ha mantenido fijo con el Índice de Precios al Consumidor (...) En el año 2009 se hizo una adición de 70.000 millones de pesos, que es muy poco para el sistema de 32 universidades públicas con 600.000 estudiantes. Ese dinero no se ha terminado de pagar y es la única adición que han hecho en ese tiempo”, aseguró el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman.

3. Se crearán universidades con ánimo de lucro

Es una figura que no existe en el país, incluso paras las universidades privadas, cuyas ganancias deben ser reinvertidas en la institución. Con la propuesta del Gobierno se abre esta puerta que genera inquietudes entre las instituciones públicas y privadas, por el riesgo de que se ponga en peligro la calidad de la formación superior.

Según el gobierno, Brasil recurrió a este modelo que le permitió el aumento de la cobertura. “En 12 años pasaron de 1’800.000 estudiantes a casi 6’000.000, teniendo un 75 por ciento de instituciones con ánimo de lucro”, resaltó el presidente Santos.

Para el rector de la Universidad Nacional el tema debe ir más allá de las cifras. “El fin social de la empresa es el lucro. Ha funcionado en países como Brasil, pero hay que ver los dos lados. No son universidades verdaderas; funcionan en forma muy eficiente dando el mínimo posible logrando cobrar el máximo posible, como buena empresa. En Brasil tuvieron un impacto fuerte en cobertura, pero nulo en calidad”.

Agrega Wasserman que si se plantea crear este modelo, tiene que ser muy equilibrado, como también ocurrió en Brasil. “Hay que fortalecer a las universidades públicas, las que realmente hacen la calidad, dan el impulso y lideran el desarrollo del país”.

4. Autonomía universitaria

Es tal vez el tema que más preocupa al sector. Para el Gobierno el proyecto fortalece el aseguramiento de la calidad, la acreditación y la evaluación de la educación superior. Pero para los rectores, el Ministerio de Educación tendría más poder para vigilar y sancionar, lo que algunos ven como una lesión enorme a la autonomía universitaria.

“Es peligroso para la democracia que se le entregue tanto poder a un organismo ejecutivo, sin controles por parte de los órganos judiciales. La propuesta le da una fuerte capacidad sancionatoria al Ministerio, pero hay que tener cuidado porque realmente puede llevar a abusos”, afirma el rector de la universidad Jorge Tadeo Lozano y presidente de ASCUN, José Fernando Isaza.

Organización de la Educación Superior en Colombia

Las características generales más importantes de la educación superior en Colombia son:

Es entendida como un servicio público que puede ser ofrecido tanto por el Estado como por particulares, y se realiza con posterioridad a la educación media.

• Se han definido varios tipos de Instituciones según su naturaleza y objetivos (Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias y Universidades).
• Existe un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad.
• El Estado garantiza la calidad del servicio educativo a través de la práctica de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior.
• Conaces y sus salas organizadas por campos del conocimiento, es el organismo encargado de estudiar el cumplimiento de condiciones mínimas de calidad y dar su concepto ante el Ministerio de Educación para el otorgamiento del Registro Calificado de los programas.
• Existe un Sistema Nacional de Acreditación del cual hace parte el Consejo Nacional de Acreditación ww.cna.gov.co creado por la Ley 30 de 1992 el cual tiene la responsabilidad de dar fe pública de los altos niveles de calidad de las instituciones de educación superior y sus programas acadèmicos.
• Las políticas y planes para el desarrollo de la Educación Superior son, primeramente, propuestos por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), organismo con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría, integrado por representantes de todas las instancias relacionadas con la educación superior.

Campos, niveles e instituciones de la educación superior

Los campos de acción definidos por la educación superior en Colombia son: el de la técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía. (art. 7, Ley 30 de 1992). Por tanto, los programas académicos que ofrecen las instituciones de educación superior deben estar inscritos dentro de estos campos de acción, siendo ellos conformes a los propósitos de formación de cada institución. (art. 8 Ley 30 de 1992). Dichos programas académicos pueden desarrollarse en niveles de pregrado y postgrado.

Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. De la misma manera, los programas de postgrado denominados como especializaciones, son aquellos que se desarrollan con posterioridad a un programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o complementarias’. Los demás postgrados, como maestrías, doctorado y post doctorado basan su quehacer en la investigación como fundamento y ámbito necesarios de su actividad, para acceder al doctorado no es necesario cursar la maestría.